jueves, 15 de octubre de 2009

Mapa Conceptual

Resumen y Mapa Conceptual

Crisis politica 2009

Abril de 2009




El 9 de abril se inicia el paro amazónico. Las protestas indígenas continuaron exigiendo la derogación de seis decretos, considerados inconstitucionales por la Comisión de Constitución del congreso peruano, que permitirían que el 60% de los bosques primarios de la Amazonia peruana sean vendidos a empresas transnacionales para explotación de hidrocarburos o el cultivo de biocombustibles.










La presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII), Victoria Tauli Corpuz, ha expresado su preocupación en su condición de líder de esta.







Mayo de 2009




El 20 de mayo, por Decreto Supremo 031-2009-PCM, se crea la Comisión Multisectorial para iniciar el dialogo entre el gobierno y los nativos. En ella inician su participacion el Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango y el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon. Esta comisión tiene la misión de coadyuvar el análisis y búsqueda de acuerdos consensuados de los asuntos planteados por los amazónicos y el Estado.




Los diversos requerimientos de los amazónicos fueron aceptados por el ministro Simon. En esta agenda no se incluía la derogatoria de la ley 1090 que los amazónicos exigían. La última reunión fue el 30 de mayo.




El 31 de mayo, Alberto Pizango, en la clausura de la “IV Cumbre Continental de Pueblos Indígenas” en Puno, declara que radicalizaran sus medidas buscando la derogatoria de los decretos en defensa de los territorios originarios. Decide no participar mas en la mesa de dialogo y exige charlar directamente con el Presidente del Perú. Además pedirá al Tribunal Constitucional que declare los decretos inconstitucionales, y sino presentara su demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También convoca a un paro nacional el 3 de junio.










Junio de 2009




El 4 de junio la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el 1064 ante el Tribunal Constitucional por considerar que se vulnera los derechos de propiedad de la tierra y de consulta previa de los pueblos nativos.




El 4 de junio el congreso peruano decidió no debatir la derogatoria de los decretos legislativos 1064 y 1090 en una votación con mayoría del partidaria al gobierno y sin participación de los nacionalistas, principales opositores.




El 5 de junio, día del medio ambiente en el Perú, tras la incursión policial ordenada desde el ejecutivo, resultó el doloroso saldo de 32 muertos entre ellos, 23 policías y un número indeterminado de indígenas.




Según los primeros informes oficiales, al menos 24 policías y 9 nativos indígenas han sido asesinados, mientras el informe de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organizadora de las protestas, afirma que mas de 40 nativos (entre ellos tres niños) es el número de indígenas fallecidos. También 155 personas resultaron heridos, un tercio por heridas de bala. Mientras periodicos extranjeros comentan que mas de 50 nativos han muerto. Hasta la fecha se han identificado 10 fallecidos civiles en el enfrentamiento de la poblacion con la fuerza policial, entre los cuales 3 pertenecerian a los pueblos indigenas involucrados. Esta cantidad de fallecidos es corroborada por la defensoria del pueblo, y organizaciones de la iglesia catolica, asi como por la prensa peruana, contrario a los informes difundidos por la prensa extranjera. Por el lado de las fuerzas policiales, las víctimas se produjeron en la Estación 6 de Petroperú, cuando al encontrarse en franca inferioridad numérica ante los manifestantes depusieron sus armas. Tras esto fueron capturados y varios de ellos, degollados por los nativos. Otros permanecen desaparecidos.




Como resultado de la intervención policial quedó herido el lider awajún Santiago Manuin Valera quien recibió 8 disparos de AKM en el cuerpo.




La organización internacional Amazon Watch ha denunciado en este sentido que la policía estaría haciendo desaparecer los cadáveres de los indígenas con el fin de disminuir el número de víctimas. En un intento de contrastar las cifras oficiales, un periodista de la revista Caretas (11 de junio) recorrió los diferentes lugares donde se habría procedido a ejecuciones extrajudiciales. A pesar de las múltiples tentativas, no pudo encontrar prueba alguna de ello.




El 8 de junio jefe del Gabinete Ministerial peruano, Yehude Simon, informó en el Parlamento de la República que el dirigente nativo, Alberto Pizango, pidió asilo en la Embajada de Nicaragua en el Perú. “Acabo de recibir un informe de la Embajada de Nicaragua en Lima, que dice que en la tarde de hoy se refugió (allí) el ciudadano Alberto Pizango, y el gobierno lo ha aceptado”, sostuvo Simón. El mismo día, la Embajada de Nicaragua en Lima, aunciaba que había otorgado refugio al presidente de AIDESEP y dirigente de las protestas, Alberto Pizango, pues el dirigente días antes había sido requerido por la Fiscalía para ser investigado por delitos de homicidio calificado y sedición, acusándolo de ser responsable de las muertes a los efectivos policiales. Días después el ministro de Relaciones Exteriores peruano, afirmaba que Estados Unidos, Francia y Bolivia previamente le habían negado el asilo al dirigente nativo.




El 8 de junio, la titular de la cartera de la Mujer del Perú, Carmen Vildoso Chirinos, renunció a su cargo como protesta hacia un video difundido por el gobierno peruano en la televisión local, donde se muestra a los pueblos nativos como responsables de la violencia en los enfrentamientos, y los beneficios económicos que traerían a esa zona los decretos legislativos aprobados el año pasado respecto a la extracción petrolera.




El 10 de junio el congreso decide suspender indefinidamente la aplicación de las leyes en cuestión y buscar el diálogo con los líderes nativos.




El 11 de junio se desarrolla una protesta a nivel nacional para pedir la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064. Varias organizaciones sindicales y frentes de defensa de diversas regiones del país, convocaron a un paro nacional en protesta sobre el manejo político, que el gobierno hizo de la situación en el nororiente peruano; siendo acatado parcialmente en varias regiones del país. Al respecto, el presidente de Bolivia Evo Morales acusó al gobierno de Perú de humillar a los indígenas y expresó su deseo de que las protestas contribuyeran a la comprension de las demandas de los pueblos originarios de la amazonía. El presidente peruano Alan García, respondió por su parte acusando a Morales de “intervencionismo politico en asuntos internos del Perú”.




En Lima también hubo marchas de apoyo a las medidas del gobierno. El ministro Yehude Simon reorganiza el gabinete ante la renuncia de la ministra Carmen Vildoso. Diecinueve congresistas del Partido Nacionalista fueron sancionados por realizar protestas en medio del recinto del Congreso.




El 12 de junio: Las protestas continuas en Yurimagua, Bagua Grande, los bloqueos continuan pero con un libre pase de 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, los nativos piden solución a sus reclamos al gobierno peruano.




El 15 de junio el gobierno, en conversaciones con los apus en plena selva peruana, plantea la derogación de dos de los siete decretos legislativos cuestionados, el 1090 y el 1064.




El 18 de junio el Congreso del Perú, en el marco de un nuevo diálogo con los nativos amazónicos, derogó los decretos legislativos 1090 y 1064 con el voto en contra del Partido Popular Cristiano.




El 30 de junio, luego de la interpelación a Yehude Simon y Mercedes Cabanillas , el Congreso del Perú decidió no censurarlos por los violentos sucesos ocurridos en la selva peruana.





Julio de 2009




El 3 de julio la Defensoría del Pueblo emitió un reporte sobre los hechos. Un policía desparecido y 23 muertos: 12 policías murieron en una carretera en enfrentamientos con los nativos y 11 en un campo petrolero donde estaban como rehenes. 10 civiles muertos, 200 heridos y 83 detenidos: en la carretera murieron 4 nativos, en Bagua murieron 1 nativo y 5 pobladores de la ciudad. Hubo 82 heridos de bala y 9 siguen hospitalizados. Estan acusadas 84 personas, de ellos 41 con orden de detención. Los nativos dicen que los policías dispararon primero. La policía indica que los nativos dispararon primero luego de quitales armas a los policías. En la carretera habían unos 2500 nativos.